Un fiscal solicitó en febrero la paralización de desarrollos inmobiliarios en la cuenca de los ríos Luján y Paraná por los daños ambientales que provocan. Ahora presentó nuevos argumentos: resoluciones de la Defensoría del Pueblo, ordenanzas municipales y un informe de la UBA.
El dictamen del fiscal
Federal Fernando Domínguez afirma: “Se ha demostrado que la
construcción de barrios cerrados no sólo han afectado al medio ambiente,
sino que han producido graves estragos y, consecuentemente,
incalculables daños a la propiedad pública y privada, provocando también
la pérdida de vidas humanas”. Es uno de los motivos por los que
solicitó la paralización de nuevos countries en la cuenca del río Luján y
el Paraná. Pero desde hace cuatro meses que no obtiene respuesta de la
jueza Sandra Arroyo Salgado, por lo cual acaba de aportar nuevas pruebas
al expediente: resoluciones de la Defensoría del Pueblo de la Nación,
ordenanzas municipales y un informe de la Cátedra Libre de Ingeniería
Comunitaria de la UBA. El martes hubo una audiencia pública por un nuevo
barrio cerrado (“Remeros Beach”, del banquero Jorge Brito), donde se
explicitó un rotundo rechazo al nuevo country.
La causa fue iniciada en 2012 por organizaciones sociales,
ambientales y vecinales de la cuenca del río Luján y Delta del Paraná,
que apuntó a la ilegalidad de los emprendimientos inmobiliarios, muchos
construidos sobre “dominio público natural” (como son los cauces de
ríos) y sin evaluación de impacto ambiental. Las graves inundaciones de
los últimos años, en zonas que antaño no se anegaban, fueron una prueba
palpable de las advertencias de los vecinos.
Luego de un largo periodo de recolección de pruebas, Domínguez
solicitó (el 19 de febrero) a la jueza Sandra Arroyo Salgado la
paralización precautoria de “toda obra que se lleve acabo en los barrios
cerrados y clubes privados emplazados en la planicie de inundación del
Río Luján y en el Delta del Paraná”. Abarca los partidos de Campana,
Chacabuco, Escobar, Exaltación de La Cruz, General Rodríguez, José C.
Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Pilar, San Andrés de
Giles, San Fernando, Suipacha y Tigre.
El fiscal afirmó que está probada la relación entre los countries y
las inundaciones. Y advirtió: “Las gravísimas consecuencias muy
probablemente volverán a repetirse si no se adoptan medidas urgentes
para paliar la situación, en tanto se adoptan por las autoridades
competentes soluciones de fondo”. Los principales empresarios del sector
son Eduardo Constantini (empresa Consultatio) y Jorge O’Reilly, asesor
de Sergio Massa (y dueño de la compañía Eidico).
Entre las nuevas pruebas, el fiscal Domínguez aportó el dictamen de
la Defensoría del Pueblo de la Nación que señaló que el relleno de
humedales (como sucede para nuevos barrios) “implica un tipo de agresión
al medio ambiente, a la naturaleza y a la vida humana” y llamó a que el
Estado tome “una actitud preventiva”. Se refirió puntualmente a los
municipios de Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando. Y solicitó
a que “sólo se autoricen emprendimientos residenciales, industriales o
agropecuarios en humedales cuando su necesidad se encuentre fundada en
imperiosas razones de estricto interés público y no existan opciones
menos perjudiciales”.
También tomó como argumento el trabajo de la Cátedra Libre de
Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires. “Las llanuras
de inundación y los humedales fueron progresivamente ocupados por
desarrollos inmobiliarios suntuosos, generando el estrangulamiento y
taponamiento de los cauces principales”, explica el escrito. Propone una
serie de medidas que fueron analizadas y discutidas entre vecinos,
organizaciones sociales y docentes de la Facultad de Ingeniería.
Entre las propuestas de la cátedra figuran “detener los proyectos de
urbanizaciones en humedales y planicies de inundación de la cuenca media
y baja”, reforestar con especies nativas las zonas impactadas, evitar
obras de infraestructura que generen estrangulamientos (y acumulación de
agua) y eliminar los canales clandestinos, entre otras. Consideran
fundamental desarrollar un “plan maestro integral” para la cuenca del
río que “incorpore los diagnósticos, miradas y soluciones de los
diferentes actores sociales involucrados”.
El 18 de mayo, vecinos y organizaciones sociales realizaron una
caravana hasta el Juzgado Federal de San Isidro para pedir la
paralización de los mega emprendimientos inmobiliarios. Se le entregó un
petitorio a la jueza Arroyo Salgado, en el que se le pidió una reunión
donde pueda explicar el por qué de la demora en su fallo y se le recordó
que “la Justicia que llega tarde no es Justicia”.
El martes pasado se realizó una audiencia pública por un nuevo barrio
privado, llamado “remeros beach”, en Tigre. Se inscribieron más de 180
expositores (vecinos, organizaciones sociales, docentes, investigadores,
empresarios). La audiencia duró más de cinco horas y fue rotundo el
rechazo al country (se expusieron decenas de irregularidades técnicas y
legales del proyecto). Una patota de la Uocra (sindicato de la
construcción) amedrentó a quienes cuestionaron la iniciativa.
Remeros Beach se publicita como un “emprendimiento que aúna todas las
comodidades de la vida urbana frente a playas de arenas blancas y aguas
cristalinas”. Las fotos muestran una imagen más cercana al Caribe que a
Tigre. Es impulsado por la empresa Vizora, del Banco Macro (del
empresario Jorge Brito). Pretende ocupar 18 hectáreas, construir torres
de 22 pisos para un total de 7000 personas.
El fiscal federal Domínguez sostuvo en su presentación que los
delitos (de empresarios y funcionarios) serían “daño agravado, estrago
seguido de muerte (consecuencia de las inundaciones) e incumplimientos
de los funcionarios públicos”.
Los countries avanzaron de manera sistemática sobre los humedales. En
los últimos 20 años, aumentó geométricamente la cantidad de barrios
privados en las afueras de las grandes ciudades (Buenos Aires, Rosario,
Córdoba, Mendoza, entre otros). Sólo en Pilar hay 152 barrios cerrados,
que ocupan el 24 por ciento de la superficie del partido.
Fuente: www.pagina12.com.ar
*Darío Aranda. Periodista. Colaborador del Periódico de la CTA.
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