Iniciativas para militarizar los cuerpos desde pequeños. Adolescentes
encerrados en condiciones infrahumanas. Un Estado que avanza en
políticas para la niñez y la adolescencia en sus facetas punitivas,
represivas, de control con sus variantes más agresivas. En este marco,
se encuadran dos hechos “mediáticos” que nos parece importante abordar.
Por un lado la convocatoria catamarqueña para la escuela infantil de
policías. Una convocatoria para niños y niñas de entre 6 y 14 años “que
quieran elevar el espíritu patriótico y cultural”, una propuesta de
recreación y educación en “derechos” realizada desde la policía, una
fuerza de seguridad, creada para garantizar el orden en la vía pública.
Una oferta de este tipo es síntoma de la falta de espacios de recreación
y educación con verdadera perspectiva de derechos. Estas políticas
debieran impulsarse desde los órganos del Estado que son quienes deben
velar por que todos sus ciudadanos gocen de los derechos que les
asisten.
La escuela estatal fue tradicionalmente la institución donde se
compartían y construían los valores que estimábamos necesarios para la
vida en sociedad. En el estado actual de la educación pública, con
presupuestos paupérrimos, y atada a viejos modelos educativos en crisis,
no es casual que se busque la salida fácil y aparezcan las fuerzas de
seguridad a dar lecciones sobre valores.
Necesitamos espacios donde los niños y niñas sean protagonistas,
donde se expresen y sean ciudadanos plenos, que podamos aprender de
ellos y con ellos a construir una mejor sociedad. Necesitamos
garantizarle el derecho a jugar, a ser oídos, a estar en el seno de una
familia, garantizar el goce y ejercicio de todos sus derechos
construyendo así una verdadera democracia y no la mera reproducción del
“orden”. Que insistimos, es un orden en crisis.
En la otra punta de la cadena punitiva, que empieza con la policía,
está la brutalidad a la que son sometidos los adolescentes que captura
el sistema penal. El encierro es sinónimo de mala alimentación, frio,
aislamientos y otros tipos de torturas físicas y psíquicas, sin que
aparezcan más que tenues esbozos de una “medida socioeducativa” según
los mandatos constitucionales.
La ausencia de políticas de Promoción y Protección de Derechos, las
trabas para el cumplimiento de las normas que protegen a nuestra Niñez,
son una decisión política de un Estado que busca achicar su faceta
social aumentando la faceta represiva, un estado de policía que avanza
sobre el Estado de Derecho en una zona que a todas luces le esta vedada.
La precarización de quienes trabajan en áreas abocadas a la niñez; la
falta de programas y planes para abordar de manera integral y universal
las políticas; la complicidad de quienes convalidan o banalizan que
para ciertos sectores el Estado sólo intervenga en su faz represiva, que
“llegue tarde”, son un caldo de cultivo para que se agudice un proceso
en el cual el Estado se aleja cada vez más de las conquistas que supimos
construir.
Es imprescindible que se asegure a lo largo del país un Sistema de
Promoción y Protección Integral de Derechos, que logre articular las
diferentes esferas del Estado. Es impensable que por el desglose de
competencias y funciones, quienes son responsables se pasen la pelota,
sin intervenir; o que excusándose en una mal entendida
corresponsabilidad tiren la pelota afuera de la cancha. Tienen que
funcionar efectivamente espacios como el Consejo Federal de Niñez, y
Adolescencia y la Comisión Interministerial en la provincia de Buenos
Aires.
Sabemos de los problemas viejos y heredados, pero no aceptamos que la
falta de inversión en políticas sociales tenga como correlato un
empoderamiento de las políticas represivas/punitivas.
Foro por los derechos de la niñez, la adolescencia y juventud de la pcia de Buenos Aires.
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