Organismos de derechos humanos convocaron a abogados, testigos y
organizaciones sociales de todo el país para delinear una estrategia
común con el objetivo de defender lo conquistado.
En el marco de la lucha por el Juicio y Castigo a los genocidas, se
dieron cita en el Auditorio de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Nación. El objetivo del Encuentro fue profundizar el diagnóstico sobre
los procesos de justicia en nuestro país, a partir de los retrocesos en
materia de políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia cometidos
desde la asunción del Gobierno nacional de Mauricio Macri. Tras la
declaración de la emergencia judicial declarada el pasado 12 de agosto
en el encuentro organizado por el Colectivo de abogados y abogadas
querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad, la jornada se
propuso continuar el trabajo para defender lo logrado a 40 años de la
última dictadura cívico-militar, y pronunciarnos sobre este emergencia
que se agudiza y tiene como responsables a los tres Poderes del Estado.
Del encuentro participaron como referentes de la CTA Provincial el
equipo de querellantes encabezado por Marcelo Ponce Nuñez, (Secretario
de Derechos Humanos de la CTA La Plata-Ensenada) y Germán Mogilner de
ATE.
Por último, los organismos convocantes brindaron una conferencia de
prensa en la que contaron las conclusiones del Encuentro y leyeron un
documento conjunto, que transcribimos a continuación.
Es preocupante ver cómo se asiste a un cambio de paradigma en el
discurso oficial que tiende a considerar al terrorismo de Estado como
una “guerra sucia” o “violencia política”, o se ponga en duda la
extensión del terror y el exterminio mediante declaraciones
negacionistas de funcionarios públicos, o ver cómo asisten a actos
oficiales personajes vinculados con el golpismo o su reivindicación, sin
que eso genere respuestas contundentes por parte de los poderes
públicos.
Esta semana se cumplen 10 años de la condena a perpetua para el
genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz y hay jueces de la Nación que han
decidido darle la posibilidad de estar preso en su casa con el único
argumento de su edad. Nos preguntamos si a ese mismo Poder Judicial no
le importa acaso la edad de cada abuela que sigue buscando a su nieto o
nieta, de cada madre que lucha por saber dónde está el cuerpo de su hijo
o hija, de cada familiar que querella en los juicios para obtener
justicia.
Los obstáculos para avanzar con la investigación y el juzgamiento de
delitos de lesa humanidad se agudizan, creando una situación preocupante
ante la impunidad para los partícipes civiles de esa dictadura genocida
y para todos los culpables que siguen sin tener Juicio y Castigo.
Después de los profundos avances logrados a través de la
consolidación de políticas de Estado para la Memoria, la Verdad y la
Justicia, construidas con las luchas y demandas de los organismos de
derechos humanos y del pueblo en su conjunto, y de las 350 mil personas
que se movilizaron el 24 de marzo pasado a la Plaza de Mayo, en los
últimos meses se están produciendo retrocesos en materia de políticas
públicas que amenazan a todas las conquistas que hemos logrado en
nuestro país, conformando un ejemplo a nivel mundial de la lucha contra
la impunidad.
En lo que respecta al Poder Judicial, señalamos con preocupación que
siga con un ritmo cansino para la realización de los juicios, la
lentitud para el desarrollo de los debates orales y públicos en curso,
la demora para conformar tribunales y obtener espacios propicios para la
realización de las audiencias. También alertamos sobre los obstáculos
que se advierten particularmente en las causas en las que se investiga
la responsabilidad empresarial e instamos a los operadores judiciales a
dar respuestas eficaces a fin de lograr el juicio y castigo de los
empresarios cómplices del brazo armado del terrorismo de Estado.
En tanto, el Poder Legislativo tiene pendiente la constitución y
puesta en funcionamiento de la Comisión Bicameral de Identificación de
las Complicidades Económicas durante la última dictadura militar para la
Búsqueda de la Verdad, la Memoria y la Justicia. La misma debía haberse
puesto en funcionamiento en marzo de este año. Hemos enviado notas a la
Presidenta del Senado, Gabriela Michetti, y al Presidente de la Cámara
de Diputados, Emilio Monzó, y los Jefes de los distintos bloques,
exigiendo su conformación. También el Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas ha manifestado en un informe reciente “que lamenta los
obstáculos en el avance de las investigaciones de estos delitos y que
dicha Comisión no haya sido implementada hasta el momento”. Por tal
motivo, y en esta casa legislativa, exigimos a los Presidentes del
Senado y de Diputados que pongan en funcionamiento dicha Comisión.
Por su parte, el Poder Ejecutivo retiró la co-querella en la causa
contra el civil Alejandro Reynal, quien fue vicepresidente del Banco
Central de la República Argentina entre 1979 y 1981, acusado por delitos
de lesa humanidad; no da muestras de oposición al otorgamiento de la
prisión domiciliaria para los para los procesados y/o condenados por
delitos de lesa humanidad; derogó la Resolución del Ministerio de
Defensa de la Nación que impedía que los presos por delitos de lesa
humanidad fueran atendidos en hospitales militares; sostiene una fuerte
embestida contra Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación;
el Programa Verdad y Justicia sufrió una reducción de sus funciones con
su traspaso de la órbita del Ministerio de Justicia a la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación; fueron despedidos trabajadores del Centro
de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr.
Fernando Ulloa, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación; el Programa Nacional de Protección de Testigos quedó a cargo de
Francisco Lagos, quien fue subteniente de Caballería del Ejército, lo
que a su vez fue motivo de alerta por el Comité de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas; fue desmantelada la Agencia de noticias Infojus,
del Ministerio de Justicia, que tenía entre otras funciones la cobertura
de los juicios por delitos de lesa humanidad; fue disuelta la
Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos del Banco Central,
creada para investigar delitos económicos cometidos en la última
dictadura cívico-militar; emitió el Decreto 721 para devolverle
autonomía a las Fuerzas Armadas, generando un retroceso que se remite a
tiempos pre-democráticos.
A 10 años de la segunda desaparición forzada del compañero Jorge
Julio López, seguimos exigiendo saber qué pasó con él y quiénes son
todos los culpables.
Por lo expuesto en este encuentro, consideramos fundamental dar lugar a las siguientes acciones:
- Solicitar una reunión con el Presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Alejandro Slokar.
● Solicitar una reunión con el Secretario de Derechos Humanos de la Nación,Claudio Avruj.
● Solicitar una reunión con la Presidenta del Senado del Congreso de la Nación, Gabriela Michetti, y con el Presidente de Diputados, Emilio Monzó.
● Solicitarle a la Comisión Interpoderes una convocatoria a reunirse en carácter urgente.
● Solicitar una reunión con la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para manifestarle nuestro irrestricto respaldo al trabajo del Ministerio Público Fiscal en los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad.
● Convocar a la Marcha de la Resistencia para el miércoles 7 y jueves 8 de diciembre en Plaza de Mayo.
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO
MADRES DE PLAZA DE MAYO LÍNEA FUNDADORA
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS
LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE
H.I.J.O.S. CAPITAL
MOVIMIENTO ECUMÉNICO POR LOS DERECHOS HUMANOS
FAMILIARES Y COMPAÑEROS DE LAS 12 DE LA SANTA CRUZ
ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA ZONA NORTE
ASOCIACIÓN BUENA MEMORIA
APDH LA MATANZA
FUNDACIÓN MEMORIA HISTÓRICA Y SOCIAL ARGENTINA
CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES
MADRES DE PLAZA DE MAYO LÍNEA FUNDADORA
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS
LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE
H.I.J.O.S. CAPITAL
MOVIMIENTO ECUMÉNICO POR LOS DERECHOS HUMANOS
FAMILIARES Y COMPAÑEROS DE LAS 12 DE LA SANTA CRUZ
ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA ZONA NORTE
ASOCIACIÓN BUENA MEMORIA
APDH LA MATANZA
FUNDACIÓN MEMORIA HISTÓRICA Y SOCIAL ARGENTINA
CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES
No hay comentarios:
Publicar un comentario