Este viernes, una delegación de compañeros y compañeras de la Central fue recibida por el embajador de México en Argentina, Fernando Jorge Castro Trenti, a fin de extenderle la preocupación por la situación que se está viviendo en ese país, y en particular por la represión y masacre de once compañeros docentes en Oaxaca, mientras se manifestaban contra la reforma educativa.
La delegación, que fue integrada por Adolfo "Fito" Aguirre, Secretario de Relaciones Internacionales de la CTA-A; Lidia Braceras, docente de la Provincia de Buenos Aires, dirigente de SUTEBA Quilmes; Mónica Mexicano, de la Asamblea de mexicanos en Argentina y Enrique Furman, militante por los derechos humanos, planteó ante el Embajador y todo su gabinete, la profunda preocupación y repudio por la política represiva del Estado mexicano, y por la situación en materia de educación y salud pública que se encuentran enfrentando los procesos privatizadores.
A su vez, se expresó la solidaridad de los trabajadores argentinos para con la clase trabajadora mexicana y para todo su pueblo.
Desde la Embajada, por su parte, se comprometieron a elevar un informe con los pedidos de la delegación y a seguir de cerca la situación.
El conflicto
Desde el 19 de junio el pueblo mexicano en repudio de la Masacre de Oxaca, y en apoyo a los reclamos de los docentes, se encuentra movilizado cortando las principales rutas y accesos a la región y los puntos de la frontera con Guatemala. Las movilizaciones de la CNTE (Coordinadora Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) se encuentran apoyadas por los pobladores de las zonas y son quienes realizan vigilias y relevos en cada uno de los cortes.
La CNTE convocó además a una concentración en el emblemático monumento Angel de la Independencia en la ciudad de México, donde reposan algunos héroes de la independencia. La Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que nuclea a estudiantes y docentes mexicanos se movilizan, y se suman para rechazar las acciones violentas del gobierno de Peña Nieto contra el movimiento magisterial y su apoyo a la lucha contra la reforma educativa.
En tanto, el Gobierno en conferencia de prensa, redobló la apuesta responsabilizando a los docentes y a “grupos violentos” como culpables de los hechos, y anunciando que frenar la reforma educacional no está en la agenda y que no negociaría ninguna ley. Con esto, el gobierno intenta dilatar el conflicto para generar el desgaste primero y el desmantelamiento después de uno de los sectores más combativos del sindicalismo: CNTE y otras seccionales disidentes.
Es una operación política que combina campaña de prensa y represión, la construcción de consenso reaccionario para legitimar el uso de la violencia de Estado. Por ello el gobierno federal no se abre realmente al diálogo, trata la cuestión como de orden público, simula escuchar para fines de imagen, para ganar tiempo y seguir con su estrategia de fondo.
La reforma educativa
Los docentes desde el 2013 vienen realizando un plan de lucha contra lo que el gobierno de Enrique Peña Nieto llamó la “reforma educativa”, que es en realidad un atentado contra la educación pública laica y gratuita. Los sindicatos denuncian que dichas reformas no son modificaciones de orden magisterial, sino que es una reforma laboral, y constituye la privatización de la educación.
La meritocracia como herramienta de control, al igual que en Perú, Chile y otros países que padecieron estas reformas, da lugar a que los docentes deban ser evaluados por distintos exámenes que son calificados y en base a esa calificación pueden ser re-asignados a otro establecimiento, suspendidos o despedidos.
En caso contrario cuando “sean idóneos” obtendrán contratos de plazo fijo o por tiempo determinado con una duración de 4 años. Mediante este mecanismo, pierden los derechos laborales adquiridos y su “plaza de base”, violando con la complicidad de la corte, lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución (A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna) como también violando la libertad sindical y convenios internacionales. Desde su implementación fueron evaluados 130.000 docentes de un total de 1.200.000 y más de 20.000 docentes fueron obligados a jubilarse antes de tiempo.
* Equipo de Comunicación de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA
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