Adolfo Aguirre - El derecho al agua y el tarifazo.

Decir que el agua es un derecho humano no debería generar grandes debates, ya que es una obviedad biológica, social y un derecho jurídico. Es una obligación de las sociedades, de los Estados, garantizar que todos los habitantes tengan acceso al agua potable.

El agua es una derecho humano como parte de la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tal como es el caso con los demás derechos humanos, el acceso a éstos no puede depender de la capacidad de pago del ciudadano.

Ni siquiera debería estar valorizado como una mercancía. Vender agua y atar su consumo a las reglas del mercado no es solamente una aberración social, sino también una irresponsabilidad política, en la que ningún gobernante puede caer. Afecta directamente a la población, pero también al entramado productivo del que depende nuestro país.

Sin embargo, para el presidente Macri y su fuerza de gobierno, el PRO y la alianza Cambiemos, los servicios públicos no tienen valor más allá de su costo monetario. Juzgando por los incrementos desorbitantes en las tarifas de servicios como el gas, el agua y la electricidad, y los argumentos sobre cuan “insostenibles” esos precios eran, queda claro que el actual gobierno no entiende de derechos humanos, ni de prioridades en políticas públicas.

Sus prioridades son el ajuste de cuentas del Estado, sin importar los efectos sociales. Ni siquiera se revisaron en el caso de las empresas privatizadas (EDENOR y Edesur), que continuaron manejando servicios públicos con el kirchnerismo, donde los márgenes de ganancias reales que tuvieron fueron enormes en la ultima década.

En el caso del agua, y luego de muchos años de luchas para lograr que se revirtiera su privatización en manos de una empresa Francesa, AySA en manos del Estado demostró ser un ente ejemplar en la expansión de acceso al agua potable y en priorizar acceso antes que pago del servicio.

El gobierno de Cambiemos entiende que las empresas publicas, y de servicio publico, se tienen que manejar con las mismas reglas "del mercado" que el resto de las empresas. Por esto, aumentó las tarifas del agua en promedio un 300% en el ámbito de Capital Federal y el gran Buenos Aires. Este aumento fue acompañado en muchas provincias.

Los impactos sociales del aumento del agua van a ser drásticos, y se adicionan a los problemas generados para los sectores populares por todos los aumentos de servicios públicos. Si no se revierten las medidas, quedamos en riesgo de caer en una seria crisis social. Los servicios públicos tienen una función prioritaria para sostener un mínimo de dignidad de vida en la población. No se puede mercantilizar libremente el acceso a bienes esenciales para la vida.

El grito “El agua vale más que el oro” que se popularizó en las luchas contra la mega-minería en Esquel, Famatina, Loncopué, entre otros tantos lugares, tiene en estos días mayor relevancia que nunca para toda la población argentina y en especial aquellos afectados por los tarifazos en servicios públicos que impuso el gobierno de Macri.

En su esencia, el agua es fuente de vida, y como tal es un derecho innegable, e innegociable. Más allá de lo que nos quiera vender Nestlé, Coca Cola o el actual gobierno nacional, el acceso al agua, a una vida digna, no se negocia.

Adolfo "Fito" Aguirre

Secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Coordinador del Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la Provincia de Buenos Aires